Excelente Sentencia sobre SWAP de Caixabank

Adjunto magnífica Sentencia por su motivación,  no porque me sea favorable : ), sobre un SWAP de Caixabank. Dictada por la Audiencia Provincial de Tenerife el 22 de mayo de 2013.

Incluye un análisis pormenorizado de este tipo de productos, comercializados en su día por la práctica totalidad de bancos y cajas, aprovechando el pánico generalizado del público por las subidas de tipos de interés.

Si bien curiosamente los vendieron cuando sus propias predicciones auguraban que los tipos habían tocado techo y sólo les quedaba bajar, tal como puede comprobarse en las publicaciones de sus servicios de estudios.

Después vinieron las preferentes... pero esa, es otra historia...

SAP Tenerife de 22 de mayo de 2013, sentencia nº 196/2013

Mi impronta personal sobre el tasazo judicial de Gallardón

Al ministro de Justicia todo cuanto se le ocurre para mejorar nuestra Justicia es imponer unas tasas que disuadan de emprender acciones legales o en otro caso contribuyan al mantenimiento de un sistema absolutamente deficitario.

Gallardón se ha afanado en incrementar los recursos necesarios para costear el macro desastre judicial, en lugar de introducir medidas que contribuyan a hacerlo más eficiente.

Al final voy a tener que acabar dando la razón a quienes afirman que "el problema no se soluciona porque no interesa hacerlo,".

Ciertamente, en algo que funciona tan sumamente mal, cualquier modificación acertada que se introduce arroja resultados positivos. Y el coste es tan sólo un poco de lógica.

Tenemos ejemplos muy recientes, como la creación de un sistema de notificaciones común, que vio la luz después que cinco notificadores de cinco juzgados diferentes de Madrid, se encontrasen en el rellano, a la puerta de un mismo deudor en la calle Serrano, en pleno barrio de Salamanca. Fue la clara constatación de estar despilfarrando recursos a raudales.

En el ámbito social, recientemente se posibilitó el acumular en una misma demanda las acciones de despido y cantidad. Era lo más lógico, toda vez que las deudas evidentemente nacen de la relación laboral. Automáticamente los pleitos bajaron significativamente.

En las ejecuciones se ha firmado recientemente un acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y diferentes entidades bancarias que permiten el embargo directo de las posiciones del ejecutado.

Como estas medidas se podrían introducir cientos, sin exagerar. Bastaría la ubicación de un simple buzón de sugerencias en cada sede judicial, de forma que todos los implicados (procuradores, abogados, jueces, fiscales, agentes,..), pudieran aportar su particular contribución.

Una vez se ha adoptado una medida sin contar con los que mejor conocen la problemática en sí. Con quienes la padecemos a diario.

Como abogado me voy a permitir aquí una aportación particular “a bote pronto,”, aunque se me ocurren muchas más: en el orden social se ha creado la posibilidad de reclamar cantidades mediante el procedimiento monitorio, de manera que de no existir oposición ni pago por el deudor en el plazo de 10 días, se puede despachar automáticamente ejecución. Es una posibilidad muy atractiva, toda vez que si se opta por el procedimiento ordinario la fijación de la vista puede tener lugar literalmente a años vista. Ahora bien, no se exime al trabajador de interponer la preceptiva demanda de conciliación ante el SEMAC, lo que demorará el procedimiento entorno a un par de meses de forma innecesaria. Sobre todo teniendo en cuenta que previsiblemente se estarán reclamando salarios adeudados.

Estamos hablando de medidas activas, por llamarlas de alguna manera, pero también habrá que adoptar medidas negativas. Y es que aceptando que la Justicia sólo es mejorable mediante el “ensayo de prueba y error,”, habrá que retroceder las medidas adoptadas que se hayan denotado contraproducentes.

En este sentido, el haber pretendido descargar sobre los secretarios judiciales las decisiones a adoptar sobre la tramitación del proceso, no merece otra calificación que la de fiasco.

Cada uno de ellos tiene diferentes criterios sobre cuestiones idénticas. Y lo que es más grave, difieren del propio juez, quién conocerá del oportuno recurso de reposición contra sus decisiones.

Ello ha supuesto que se multipliquen las situaciones controvertidas, recursos de revisión y reposición, traslados de escritos, saturación documental de los tramitadores y por qué no, también mental de los abogados, que literalmente desquiciados, dedicamos una parte muy importante de nuestro tiempo a abordar estos entuertos creados <<ex novo>>.

Otro asunto es el tema político. Esto es, el afán de nuestros representantes por obtener réditos con cargo al sistema judicial. Hablamos por ejemplo de la puesta a disposición de la víctima de violencia de género de un abogado adscrito a un turno específico de oficio que vele por sus intereses. Figura que es del todo innecesaria, ya que esa labor corresponde por su propia naturaleza al Ministerio Fiscal, quien de hecho la desarrolla en todo caso con el mismo esfuerzo.

Por último quiero hablar de la mediación y del arbitraje, figura que presentada como la posible panacea nunca ha sido dotada realmente de contenido.

Los desarrollos normativos habidos únicamente han servido para generar una auténtica mafia en torno a determinadas organizaciones que pretendiendo revestirse de carácter institucional, en la realidad sólo sirven a los intereses creados por las grandes compañías, que obligan a someter a su criterio toda controversia que puedan surgir en su relación con el cliente. Sumisión obligada en base a claúsulas contractuales no negociables.

La idea debe ser popularizar la mediación y el arbitraje; “llevarlo a pie de calle,”. Y al efecto no olvidemos que todos los abogados en ejercicio hemos jurado la Constitución así como hacer valer la Ley. Quizá si se nos encomendase la misión, podríamos descargar a los tribunales de la carga que ocasionan los procedimientos de menor cuantía.

Humildes sugerencias todas ellas formuladas en aras de mejorar la eficiencia de la Justicia, de hacerla verdaderamente justa y ágil, que no de buscar "quien siga pagando la fiesta,".

La penúltima derrota de la oposición venezolana

Existen profundos lazos entre Canarias y Venezuela. No en vano allí emigraron miles y miles de canarios en tiempos de dificultad, muchos de los cuales aún permanecen allí, o lo hace su descendencia. Por eso se denomina a aquel país afectivamente como “la octava isla”.

En lo personal mis lazos se intensifican, ya que mi esposa es hija de emigrantes. Nació allí, aunque su crianza tuvo lugar en un “hogar español”, con educación y valores patrios.

Digo esto por cuanto en aquel país nunca se aceptó bien al inmigrante. Se le rechazó despóticamente, teniendo que soportar continuamente un término con el que se le trataba de insultar y vejar: “musiú,”.

Nada que ver con la cálida acogida que hoy por hoy damos en España a los venezolanos, a quienes hacemos extensibles todos nuestros derechos y prestaciones desde el primer momento, mirando para otro lado cuando incluso se abusa.

No obstante, he visitado en varias ocasiones Venezuela, y sólo puedo decir que me parece un país entrañable que atesora una incuestionable riqueza a modo de recursos naturales.

Por todas estas razones y alguna más, me permito la osadía de opinar sobre el reciente proceso electoral, el cual ha venido a suponer un nuevo revés para la oposición a Chávez.

Hace ya una semana de los comicios. Ha sido ajetreada, al ocuparme un juicio en Madrid, con el obligado desplazamiento. No he tenido por tanto mucho tiempo para hacer un seguimiento profundo a las conclusiones de medios de comunicación y grupos de interés.

Si bien percibo que la autocrítica ha brillado una vez más por su ausencia, dando paso a un derrotismo que augura los peores resultados en las elecciones de gobernadores que ocuparán en Diciembre.

El título de este artículo no es gratuito. Desde mi humilde punto de vista, las elecciones, unas tras otras, no las gana Chávez, sino que las pierde la oposición al no corregir su estrategia electoral.

El procedimiento siempre es el mismo. Buscan un candidato susceptible de ser infiltrado en las clases más desfavorecidas, supuestos votantes naturales del oficialismo.

Se le pone una “franela,” (camiseta) de color distinto al rojo con el que se identifica al chavismo (amarillo para Capriles), y a partir de ese momento su única misión será seducir a esos “ignorantes,”, cuyo destino debe ser decidido por los más preparados, lo que justifica moralmente el engaño.

En el caso de Capriles había un factor adicional que venía a sumarse en aras de facilitar la persuasión: preso político del oficialismo, podía hacer gala de cierto victimismo.

Ante él los “zopencos,” estaban por fin obligados a rendirse. Se acuñó un término incluso para definir a estos “torpes conversos,”. Serían los “chaca-chaca” (chavistas convencidos por Capriles).

Sólo quedaba comenzar a lanzar mensajes apocalípticos y abusar de la comparación. “Hay un camino”, fue el lema de campaña.

Pero los “chaca-chaca,” no actuaron conforme a lo previsto (o sí), y Chávez pasó por encima sobre el nuevo candidato.

Nadie analizó los negativos resultados de los anteriores comicios del 2006 en los que el candidato vencido fue Manuel Rosales. Y nadie lo hace ahora, por lo que cabe presuponer que el guión será el mismo dentro de seis años.

Las elecciones no se ganan con marchas, en las que los votantes pretenden medir sus fuerzas, anticipando la victoria de aquél que tenga la cola más grande (de personas, claro).

Tampoco soluciona nada hablar de “trampa,”. Menos aún cuando la victoria es legítima, al tiempo que son llamados numerosos observadores internacionales, mientras la Comunidad internacional aguarda cualquier atisbo de “tongo,” para entrar como un elefante en una cacharrería.

Chávez no gana, la oposición pierde. Lo hace sistemáticamente, por no abandonar su invariable guión.

Ésta no soporta al Presidente. Lo mira por encima del hombro. “No es más que un simio,”, se dice. Lo desmerece y por tanto lo subestima. Creen que disfrazando a un “sifrino,” (pijo), como él pero con diferente color, ya es suficiente para embaucar a los ingenuos.

Una vez que se conoció el resultado electoral, las redes sociales manifestaron dos comportamientos por parte de los vencidos. La mayoría se sumió en el silencio. Otros, llenaron facebook y twitter de insultos y lindezas contra las clases más bajas, cuya ignorancia entienden que nutre la “dictadura democrática,” de Chávez. “Monos,”, “simios,”, “tierruos,”, “marginales,”, (…), eran algunos de los obsequios lingüísticos. Como el engaño no había funcionado, era el momento de llamar las cosas por su nombre.

Déjenme compartir con ustedes unos números que he esbozado, en sustento de una teoría propia, una posibilidad que curiosamente no he visto tratada por los medios de comunicación. Tan sólo en “El Mundo” leí unas “puntadas al aire,”.

En Latioamérica el trabajador del Sector Público tiene notas características bien distintas respecto a lo que aquí conocemos. Allí prima el clientelismo, de manera que el personal es sustituido en bloque tan pronto como el gobierno de turno cambia. Es el “quítate tú para ponerme yo,”.

De otra parte, la consideración social de estos trabajadores de lo público no es nada buena. Se les presupone mal preparados, conformistas, interesados, corruptos y con poca iniciativa personal. Son por tanto defenestrados, negados por la empresa privada cuando buscan en ella su recolocación.

En buena lógica, siempre votarán a favor del partido que le haya colocado en la Administración, en aras de conservar su puesto de trabajo.

No es que la revolución bolivariana haya calado hondo en la estructura institucional del país. Es más apropiado decir que el oficialismo controla todo el “aparataje,”. No existe división de poderes ni independencia.

Los opositores en las escasas ocasiones que se entretienen en este apartado, en realidad de crucial importancia, se limitan a criticar que los empleados públicos son obligados a ir a las marchas y a votar. Quieren pensar que en el momento de votar, dado que el voto es secreto, se rendirán a la evidencia que el chavismo tiene que irse y actuarán en consecuencia.

Nada más lejos de la realidad. Harán cuanto sea necesario por el mantenimiento de su “status quo,”, aún cuando el Gobierno desarrolle políticas con las que puedan no estar de acuerdo. Pero el plato de comida en casa, es lo primero.

Chávez ha cuadruplicado en su mandato el tamaño del Sector Público. En 2011, 2.321.732 trabajadores se incardinaban en él.

Supongamos que un 90% vota por el chavismo, estimación nada temeraria.

Quitemos esos 2.321.732 de trabajadores al total del censo, que vendría a situarse en 16.285.066 personas.

Con el mismo nivel de participación (80,67%) habrían votado 13.137.162 venezolanos.

Restemos a Chávez el 90% de los 2.321.732 (corregidos con el 80,67% de participación), con lo que habría tenido 6.451.316 votos. Y a Capriles el 10%, con lo que obtendría 6.312.280 votos.

El oficialismo continuaría ganando las elecciones aún cuando ningún empleado público votase. Pero a la oposición le faltarían tan sólo 139.037 votos para alzarse con la victoria.

Dicho ejercicio matemático demuestra que sin tener en cuenta el "voto cautivo," de los empleados públicos, efectivamente el país se encuentra dividido a partes iguales, y es de suponer que efectivamente, son los estratos sociales más bajos los que apoyarían la revolución bolivariana.

Pensemos por un momento que en Venezuela los trabajadores de la Administración fuesen funcionarios como aquí. Que tuvieran garantizada su inamovilidad. ¿Me siguen?

Entonces no les preocuparía tanto quién ganase las elecciones, ya que su puesto de trabajo no se vería amenazado. Si así fuera, Héctor Capriles Radonski sólo tendría que convencer a 139.037 empleados públicos más, que le dieran su confianza. ¡Esto es sólo un 6% de dicho colectivo!

Dígame entonces el lector, que estrategia sería más positiva de las dos alternativas posibles: la primera, continuar insistiendo en captar “chaca-chacas”, siendo necesarios 1.637.389 de “conversos,”. La segunda, tratar de infundir confianza y tranquilidad a los trabajadores de lo Público, prometiéndoles continuidad, ello para lograr 139.037 votos más.

Personalmente se me antoja preclaro. En el primer caso los aspirantes chocarán una y otra vez con el escepticismo de los más desfavorecidos, quienes siempre percibirán la actuación como un acercamiento torticero, poniéndose a la defensiva.

Es más fácil lo segundo, ya que todos tienen las mismas preocupaciones. Y tras la primordial de la conservación del puesto de trabajo, de índole personal, se alza el problema generalizado de la inseguridad ciudadana, que afecta a todos los venezolanos por igual. Amenaza continua contra la integridad física y/o la vida ante la que el Presidente se ha mostrado indolente o incapaz cuando menos.

Siéntense. Echen números. Estudien. Programen. Diseñen. Pero sobre todo, nunca, nunca más traten de imitar a Chávez. No quieran ganarle a su juego. No se pongan más una camiseta. Tampoco el chándal de Venezuela vale. Mejor un traje y una corbata. Díganle a su pueblo: "No vamos a tratar de confundirles ni de engañarles. No nos hace falta. Nosotros estamos mejor preparados y somos capaces de ofrecerles algo diferente,".

Esta crisis es sólo producto de su imaginación

Una de las frases más recordadas de John Kenneth Galbraith es la que asevera: <<Para manipular eficazmente a la gente, es necesario hacer creer a todos que nadie les manipula.>>

Me ha venido a la cabeza al tratar de interpretar de forma mínimamente lógica las recientes manifestaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que al unísono con Standard&Poor´s condenan a nuestro país al holocausto financiero si no se solicita de inmediato el rescate europeo, estimando que la prima de riesgo podría llegar a los 750 puntos. Justificación al parecer suficiente para rebajar la calidad de nuestra deuda a la de “bono basura,”.

Que estas declaraciones tengan lugar ahora, cuando menos me “escama,”. Justo cuando la famosa prima se había relajado y parecía entrar en una tendencia a la baja.

Cuando se encontraba disparada (o “disparatada,”, como se prefiera), a diario tenían que salir a la palestra toda suerte de voces tratando de calmar a los mercados. A nivel nacional lo hacían De Guindos o Montoro, si no Soraya Saénz de Santamaría o el propio Rajoy. En el ámbito comunitario aparecían Merkel, Draghi, Hollande. Mensajes todos ellos siempre refrendados por el propio FMI en la persona de Cristine Lagarde.

Sorprende que justo en este momento sea esta última quien lance mensajes apocalípticos, como si ahora se detectase que estamos en profunda recesión (¿!).

Que la ruptura tendencia alcista de la prima de riesgo es un hecho lo puede constatar cualquier aficionado a los mercados financieros con mínimos conocimientos chartistas. 

El gráfico atestigua que la fase alcista iniciada en Marzo (2012), alcanzó su máximo en la tercera semana de julio, rompiendo la directriz a comienzos de Septiembre.

Si por fin el mercado respondió positivamente a las medidas adoptadas (o aún cuando nada tenga que ver pero el resultado sea el propicio), ¿por qué se lanzan mensajes fatalistas desde el FMI en concierto con la mayor agencia de calificación estadounidense? ¿Será que interesa económicamente nuestra intervención a una “mano negra,” que domina el mercado?

Muchos economistas, Krugman entre ellos, han identificado al FMI como el ejército norteamericano contemporáneo. Su poder se basa y se traduce en el dólar. Traspasa fronteras. Conquista. Pone y quita gobiernos. Expolia a las naciones imponiendo condiciones usurarias a cambio de un puñado de billetes prestados, los cuales todo sea dicho, fabrica una máquina sin reparo cuando surge la necesidad (u oportunidad de negiocio). Cambia papel por materias primas.

Lo cierto es que a alguien no le gusta que el Gobierno de España demore un escenario que el mercado ya ha descontado. Le parece oportunista. Y con este término no me refiero a que Rajoy quiera “aprovecharse,” en las elecciones vascas y gallegas.Es oportunista teniendo en cuenta el dinero que ya se ha puesto sobre el tapete, apostando precisamente al suceso que se retrasa.

Otra opción supone dar credibilidad al poder de los “Illuminati,” y al “Nuevo Orden Mundial,”, teoría conspirativa que afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único - colectivista, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos - a nivel mundial.

Cabe una tercera posibilidad, y es que el FMI “fuerce,” la intervención con el fin de liberar a España de una clase política corrupta que únicamente procura su supervivencia a costa del pueblo.

Si bien a estas alturas ya no creo en las buenas intenciones, por lo que este humilde abogado, opta por una de las dos primeras. Quizá por las dos, ya que no son incompatibles, sino todo lo contrario.

Sólo el crédito puede generar esclavitud

Con el incremento del desempleo en Canarias, han sido muchos los que han vuelto su mirada al campo tratando de proveerse de un “ingresito,”. En zonas rurales es muy frecuente contar con algún familiar o conocido que ceda un trozo de tierra que sirva siquiera para sembrar papas ("patatas," en refinado castellano).

¿Por qué papa? Es relativamente sencillo su cultivo, pronta la recolecta y se consume en todos los hogares de forma cotidiana, entre otras muchas razones.

Sin embargo, lejos de ofrecer réditos, lo único que esta actividad genera es endeudamiento. Veamos por qué.

El aspirante a agricultor acude a esta posibilidad como último recurso, careciendo usualmente del más mínimo ahorro. Saca entonces a crédito la papa de siembra y “los líquidos,”, tal y como comúnmente se conoce a los herbicidas y pesticidas necesarios.

El “papero,”, distribuidor de la zona, les fía encantado los útiles con dos compromisos: el primero, todas las papas que recolecte se las tienen que vender a él. Segundo, en cualquier caso si con el producto obtenido no se salda la deuda, el faltante deberá ser saldado en metálico.

La propuesta parece tan razonable como patente la generosidad del almacenero. Se acepta por tanto.

El problema surge cuando se saca la papa nueva y llega el momento de venderla. El “papero,” ofrece entonces un precio ventajista que en modo alguno cubre los costes en los que se ha incurrido. Ni siquiera el de los materiales que le habían sido comprados.

Es el precio que hay y es de obligada aceptación. El agricultor tendrá que pagar la diferencia y/o quedará debiendo.

Pueden darse dos posibilidades a lo largo de la campaña. Una, que alguna plaga arrase con el producto, lo que tendrá efectos económicos devastadores. Dos, que sea una excelente campaña, lo que hundirá los precios por el exceso de oferta, escenario aún más perjudicial.

Y en todo caso el producto deberá ser recogido, ya que la Administración no permite dejarlo abandonado en el campo, so pena de imposición de elevadas multas.

Se verifica por tanto una verdadera situación de esclavitud, posibilitada por el crédito sin más.

Ayuda a ello la prohibición de importar papa instaurada por el Gobierno local, convirtiendo este mercado en impermeable y sujeto a los designios de determinadas manos fuertes del sector.

Algún lector quizá piense que el culpable es el agricultor, quien ni siquiera atesora unos mínimos “ahorritos,” que le permitan iniciar la actividad pagando de contado los materiales precisos y con ello conseguir su independencia comercial y financiera.

No sería correcta dicha apreciación. En ese caso el almacenero accederá inicialmente a venderle los insumos, pero más tarde no le comprará el producto obtenido. Como mucho le ofrecerá el mismo precio oportunista que aplica a sus clientes cautivos.

Conocedores del sector agrícola dirán que el abuso del distribuidor se frenaría con el cooperativismo. Que la devastación debida a plagas se subsanaría con seguros. O que la caída del precio debida a una sobreproducción mengua con retiradas de producto.

Llevaría razón, pero estamos hablando de agricultores ocasionales. De quienes buscan en esta actividad una salida a su maltrecha economía. Y es ahí donde quiero llegar, ya que ocurre lo mismo con los consumidores en otros muy variados aconteceres.

Efectivamente, estas formas silenciosas de esclavitud han existido y seguirán existiendo a lo largo de la historia. Sólo necesitan dos ingredientes: la necesidad de uno y la ambición de otro. El crédito hará el resto.

El ejemplo de la papa no difiere mucho del mercado inmobiliario, por poner un ejemplo. Los bancos vendieron a mansalva inmuebles a consumidores ingenuos. El precio fijado era fijado por ellos, ya que todos tenían tasadora propia. Y tan sólo unos años después, llegaba la hora de “recolectar,”. El piso volvía a manos del banco a un precio inferior (fijado igualmente por ellos), y el hipotecado permanecía debiendo al banco la diferencia por los siglos de los siglos. Sus futuros ingresos serían embargados, al igual que nuevos bienes que adquiriese. Desprovisto de herencias que pudieran beneficiarle. En definitiva sería esclavo del banco eternamente.

Por otra parte, cuando la “mano negra,” decida que es procedente una nueva campaña, volverá a crearse artificialmente la necesidad que permita colocar los inmuebles “recuperados,” con pingues beneficios. Ello sin conceder la libertad de los otrora hipotecados, ahora deudores cautivos.

En su insaciable ambición los bancos disponen continuamente trampas para esclavizar: hipotecas, swaps, preferentes (…). “No es más rico el que más tiene, sino al que más deben,”.  Y cuando se “les va la mano,”, ahí aparecen de inmediato sus “pistoleros,”, los políticos que recomiendan pero en definitiva ordenan “socializar,” sus pérdidas.

Al igual que el cooperativismo puede ser la solución en el campo, sólo la unión de la sociedad civil puede poner coto a la situación que estamos viviendo. Ya lo dijo Gandhi: “en cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle,”.

La solución de la Justicia es únicamente una cuestión organizacional

Bien sabe Dios que me he mostrado solidario con los funcionarios en general y en especial con los de Justicia, frente a los diferentes recortes salariales que vienen sufriendo.

Y lo he hecho movido por dos convicciones fundamentalmente. La primera de índole económica. Dicho colectivo representa lo que en términos económicos se conoce como “factor amortiguador,”, de suerte que el colectivo mantiene su consumo independientemente del momento económico que toque vivir.

A ella se suman causas motivacionales, por cuanto “tocar el bolsillo,” a un trabajador es la peor medida que se puede adoptar. La caída en la productividad es inmediata. Algo normal, ya que al individuo lo acucian una serie de necesidades y gastos que siguen siendo los mismos. Preocupaciones al fin y al cabo que afectan a todos los roles. Es menos perjudicial dejar de incorporar nuevos recursos sobre los que repartir los esfuerzos, pidiendo a los existentes que “arrimen el hombro,”.

Sin embargo, si tengo que opinar sobre el concepto del funcionariado en sí mismo, debo decir que lo concibo como una figura de la que se ha abusado con creces. Dicha condición debería estar reservada a una minoría dirigente de la función pública, procurando garantizar su independencia política.

Lo cual digo con ciertas reservas, siendo consciente que esta opción podría derivar en el clientelismo típico de los países latinos, donde los empleados públicos se suceden en bloque unos a otros al calor de las elecciones, dependiendo quien las gane y en consecuencia gobierne.

Aunque este mal debe ser relativizado, ya que en aquellos sistemas el empleo público es considerado precario y se conforma como la última opción. Incluso haber trabajado anteriormente en una administración puede ser considerado negativamente por un potencial nuevo empleador. Digamos que ello favorece el atractivo del sector privado, lo que resulta más que deseable.

Ciñéndome al campo de la Justicia, el cual conozco algo más por mi condición de abogado, estoy convencido que tiene solución y que además es barata.

Se trata simplemente de hacer un diagnóstico adecuado que determine la verdadera causa de la enfermedad en lugar de atacar los síntomas.

La Justicia no funciona porque carece total y absolutamente ya no de cualquier tipo de política en materia de recursos humanos, sino de cualquier política organizacional.

Es curioso que la empresa privada opta hoy por hoy por la estandarización de procesos de manera escandalosa y que paradójicamente esa no sea la aspiración en la Administración Pública, cuando se presta más a ello.

Hoy tras una desagradable experiencia en un juzgado (una más), volvía a reflexionar sobre el asunto y llegaba a la misma conclusión: falla la gestión procesal.

Anteriormente he entendido que sería positivo privatizarla, conservando eso sí, la independencia de Jueces y Magistrados. Soy consciente que dicha propuesta escandalizaría a determinados sectores y/o grupos de interés, pero no me cabe duda que sería la llave de la eficiencia.

Otra posibilidad sería establecer criterios retributivos basados en la productividad. Si bien acepto y comparto que sería sumamente complicado establecer los parámetros de valoración. Si no todos, la mayoría sí.

El gestor procesal ejerce una labor que en términos futbolísticos se asemeja a la del centrocampista. A él le corresponde el impulso procesal, “repartiendo juego,” a jueces, secretarios, procuradores, abogados y ciudadanos. Si el balón se para, lo roba el equipo contrario, que lo representaría el fracaso institucional.

Debemos entonces preguntarnos por qué no se consigue “mover el esférico,” de forma fluida.

En unos casos será por verdadera incapacidad. No todo el mundo tiene aptitudes deportivas, al igual que no todas las personas sirven para un trabajo en el que hay que ser tan ágil como organizado, aunando una larga lista de aptitudes y actitudes.

Puede incluso que el individuo no acepte o entienda su inclusión dentro de una estructura jerárquica. Muchos de ellos acceden a la Justicia sin ninguna experiencia laboral anterior, y la “cadena de mando,” puede resultarle extraña e incomprensible.

Y si esto acaece, son de esperar problemas con la delegación. Repetidamente la primera reacción ante una rebaja de derechos consiste en negarse a redactar diligencias, providencias o autos, labor que corresponde a secretarios y jueces, según ley.

No es menos cierto que todos trabajan más o menos, mejor o peor en función del juez al que estén adscritos: “el juzgado se parece al juez igual que el perro a su amo,”. Si aquél es motivador, todo marcha. Si sólo ve la negatividad de su personal, nada camina.

Se verifica en definitiva la “teoría Z,” de William Ouchi, quien sugiere que los individuos no desligan su condición de seres humanos a la de empleados y que la humanización de las condiciones de trabajo aumenta la productividad de la empresa y a la vez la autoestima de los empleados.

Otro punto flaco es el del trabajo en equipo. Un trabajador de la empresa privada asume con facilidad que no tiene capacidad para elegir al resto de integrantes de la organización. Por supuesto no a los iguales ni mucho menos a los superiores, aún cuando tengan menos capacidad que uno mismo. En un juzgado el hecho de llevarse mal algunos de sus miembros o incluso la existencia de facciones acarrea todo un bloqueo de su operativa.

No aceptación de la estructura jerárquica, falta de asunción de tareas delegadas, incapacidad para trabajar en equipo, motivación volátil según el superior o incluso falta de capacidad son licencias que únicamente cabe entender por las perversas consecuencias del modelo de gestión funcionarial.

¿Por qué los sindicatos mayoritarios no despiertan interés entre los funcionarios de carrera? Sencillamente porque no necesitan la protección que les ofrecen. Su estatus de por sí se lo faculta.

Buscando castigo para José Bretón

Debo decir que en el caso de Ruth y José (prefiero llamarlos por su nombre ya que lo tienen, en lugar de “los niños de Córdoba,”), al publicarse las periciales forenses contradictorias, llegué a pensar que podían aparecer. Quizá subyaciera una maniobra políticamente interesada con la única intención de forzar al padre a indicar su paradero si estuvieran vivos y los tuviera ocultados.

La opinión pública culpa de todo al gobierno de turno, incluso de estas barbaries. Y podía ser que el PP no deseara un revés mediático similar al que indirectamente soportó el PSOE en el caso Marta del Castillo. 

Rubalcaba o Rajoy, Rajoy o Rubalcaba, tanto monta, monta tanto, tienen la culpa de todo. Más en estos momentos en que los problemas de toda índole se mezclan y confunden.

Ello por cuanto el pueblo llano no entiende penas desproporcionadamente inferiores respecto de lo que la moral aconseja. Y se antoja ciertamente complicado explicar que sin cadáver no hay prueba de asesinato, de forma que a la Justicia no le queda de otra que ser profundamente pragmática en su aspiración de ser justa.

Era posible que José Bretón “cantase,” ante la amenaza de una imputación por asesinato, en lugar de la anterior por secuestro.

Por otra parte dicha licencia sería perfectamente entendible si quienes de ella hicieran uso fuera el PP, partido que actualmente confiere grado de dogma al dicho que “el fin justifica los medios,”.

Si así hubiera sido como abogado evidentemente habría cargado las tintas contra tal violación procesal, si bien al menos me sentiría contentado con que Ruth y José hubieran sido encontrados.

Sin embargo a fecha de hoy ya sabemos que desafortunadamente los restos hallados corresponden a los cadáveres de los chiquillos.

Ahora mi reflexión es otra, si bien las preguntas que me abordan no son técnicamente superiores a las de cualquier lego en la materia legal. Dudo sobre si el imputado se encontraba en sus cabales.

Todo el mundo se apresura a contestar que sí, quizá demasiado saturados ya por programas televisivos que encuentran en el morbo un verdadero filón, y siempre deseando que Bretón sea condenado y sufra la peor de las penas. Incluso las que puedan no estar previstas por nuestro ordenamiento.

Pero si no presuponemos incapaz a alguien capaz de perpetrar tal aberración y posteriormente mantenerse impasible, tendremos que pensar que existe el bien y el mal, dando cabida a conceptos tan metafísicos en nuestras vidas y en última instancia en nuestra Justicia.

¿Debería entonces sistemáticamente ser considerado insano todo autor de un delito cruento? No tengo la respuesta a esta pregunta. Lo que si tengo claro es que este tipo de actuaciones supera todas nuestras previsiones morales y/o legales, haciendo saltar por los aires nuestro concepto de derecho penal resocializador. Nuestras más simples convicciones comúnmente generalizadas quiebran.

Reactivamente surgen en las redes sociales peticiones de cadena perpetua o incluso pena de muerte. A las cuales ni me opongo ni apoyo, pero sí me atrevo a decir que su análisis conllevaría poner “patas arriba,” ya no el código penal, incluso nuestro sistema punitivo o en último grado nuestro propio concepto de Sociedad.

Es un tema escabroso, que no se resuelve añadiendo simplemente una nueva pena al “libro rojo,”.

Y aunque así se procediera… ¿reduciría esto el salvajismo a futuro? Si la respuesta es no en base a otras experiencias internacionales, nos estaríamos equivocando de forma palpable.

De otra parte sí es cierto que podría dar algún tipo de satisfacción a los familiares de las víctimas, y esta es otra de las facetas de nuestro derecho penal: su aspiración resarcitoria. Este concepto ya fue desarrollado por Kant en el siglo XIX (“teoría de la justa retribución,”), y gira sobre la idea que la culpabilidad del autor sea compensada mediante la imposición de un mal penal, de forma que se agota todo el fin de la pena en la retribución misma. Tampoco Hegel reconoció finalidades de prevención, como el mejoramiento y la intimidación, como fines de la pena. Esta constucción gravitó decisivamente en relación a la ulterior evolución del Derecho penal y, debido a que no existen aun alternativas consolidadas, actualmente conservan relativa vigencia.

En algo estoy de acuerdo con los precitados autores “retribucionistas,”, y es en que la pena no tiene utilidad preventiva, por cuanto sólo cabe motivar con el castigo a los animales.

Esta formulación encierra el peligro de su intrínseca debilidad para fundamentar cuándo es legítimo que el Estado use la pena, como ocurrió en la baja Edad Media con la práctica de las ejecuciones ejemplares.

En cualquier caso la teoría del delito está en íntima conexión con la teoría de la culpabilidad. Y la aplicabilidad de la pena lo está con el libre albedrío, siendo culpable aquél sujeto que pudiendo motivarse en el respeto de la norma optó por la opción contraria y delinquió.

Esa es la pregunta. ¿Pudo José Bretón elegir por estar en pleno uso de sus facultades mentales? Piense antes de responder, por cuanto si su respuesta es sí, estará considerándolo igual a usted, en lugar del ser abominable y detestable que sin duda es.