El concurso de acreedores de persona física

Que el concurso de acreedores no es la solución al problema de insolvencia del ciudadano común, es algo que tengo claro desde que empezamos esta crisis.

Mi parecer se lo he hecho saber a todo aquél que ha acudido a mi despacho con tal pretensión. Considero que los abogados no tenemos como activo otra cosa que el nombre, por lo que flaco favor se hace quien aconseja mal, tanto a sabiendas como por simple desconocimiento.

Muchos compañeros se adentraron en la práctica concursal al calor de la recesión económica. Algunos se han esforzado por dominar la materia, otros no. Y aunque parezca redundante lo cierto es que como en todo, hay que saber.

Personalmente me defino como abogado laboral y mercantil, sin desdeño de una considerable práctica penal y civil. Como decía el doctor Marañón (parafraseando a Letamendi): “el médico que sólo sabe medicina ni de medicina sabe,”. Comparto dicha apreciación, entendiendo que es extrapolable al abogado, quien debe aspirar a cierta generalidad. Ello aún cuando soy consciente que en nuestra profesión según parece hay que tender a la especialización para ser figura de renombre y aspirar a figurar en directorios como Chambers o Legal 500.

Yo me siento muy cómodo con lo que hago. Excepto en contencioso-administrativo, área de práctica que sinceramente me escalofría. Por cierto, últimamente tengo que llevar algunos que se me han presentado con carácter irrenunciable por la especial relación con quién me lo ha demandado (no sé si algún fiscal contrariado me ha echado algún tipo de maldición gitana…).

Pero en las áreas que domino gusto de ejercer, amo mi profesión y a veces hasta me siento orgulloso de mi desempeño. Y gran parte de culpa la tiene el ser honrado con el público, con la gente.

Los juzgados de lo mercantil como regla general no aceptan el concurso de acreedores de personas físicas. Y no lo digo yo, lo adveran las estadísticas del INE. En todo el 2011 en Tenerife sólo se declaró el concurso de 2 personas físicas sin actividad empresarial.

Un caso lo conozco, y doy fe que son circunstancias particulares y patrimonio que nada tienen que ver con el “status quo,” del ciudadano común. El otro caso, me puedo imaginar que será por el estilo.

Y es que es importante conocer las peculiaridades del ámbito de trabajo. Ahorra dinero a los clientes. Sobre todo cuando más necesitan de los escasos recursos que le quedan.

No obstante, recientemente me ha ocupado el caso de un particular, una pareja, a quienes les reconocieron el beneficio de la justicia gratuita para pedir el concurso de acreedores. Y ésta ha sido una oportunidad estimable para pulsar (de nuevo), la opinión de nuestra Audiencia Provincial.

Nada más acudir esta pareja a mi despacho, les trasladé que a cuanto aspiraban era del todo imposible, pero que íbamos a intentarlo, ya que el riesgo era cero, dada su consideración de reconocido litigante sin recursos.

Desgraciadamente, no me equivocaba. El Juzgado de lo Mercantil rechazó la admisión a trámite del procedimiento. Recurrir era obligado. Más aú cuando a nivel personal tenía la inquietud por solicitar el parecer de la Audiencia de Tenerife, teniendo en cuenta, todo sea dicho, que hay otras provincias cuyos juzgados de lo mercantil son más receptivos con esta posibilidad que teóricamente se abre no sólo a las empresas, también a las personas físicas.

Parece ser que he sido el único abogado en hacerlo, según me comentaba un ilustre compañero del ramo que había buscado pronunciamientos sin éxito de nuestra segunda instancia, pretendiendo publicar un artículo en una revista jurídica especializada.

Hoy he recibido el fallo. Viene a confirmar la inadmisión del juzgado de lo mercantil, aunque entiende que efectivamente las diferentes audiencias se han ido pronunciando en sentidos diversos; estando por tanto suficientemente fundamentado mi recurso.

Hace alusión esta sentencia a otra de la propia Sala de fecha 24-11-2011, que recaía sobre otro recurso también de mi autoría. Y aunque en este segundo cambié los motivos de impugnación pretendiendo resultar de otro modo sugestivo al Tribunal, éste órgano parece tenerlo muy claro.

Dejo su pronunciamiento como anexo al post, ya que creo que cuando menos tiene dos consideraciones que son convenientes conocer:

1º) El concurso de acreedores es una previsión legal destinada a proteger y beneficiar a los acreedores. No al deudor, como erróneamente se piensa.

2º) Las viviendas hipotecadas y los coches financiados, SON DEL BANCO. Si aprendemos al menos esta lección de la crisis, algo habremos mejorado, ciertamente.

No voy a valorar el fallo. Menos aún cuando parcialmente lo comparto y enteramente lo comprendo en su finalidad: la solución a los problemas económicos de los particulares no puede ser pretendida en sede judicial. Debe provenir del poder político, principiando por aprobar la dación en pago de una puñetera vez.

Cosa bien distinta es que me hablen del concurso de acreedores de empresas. En ese caso sí que es una medida muy provechosa. Con ese tipo de clientes sí son muchos los procedimientos que ocupan, y la lectura es positiva. Aún cuando la asignatura pendiente de todo este entramado sigue siendo que la legalidad vigente sirva a la continuidad de la empresa.

Es obligado decir que España es un gran país para arruinarse como empresario, siempre y cuando se hagan las cosas bien y se cumpla con las obligaciones legales. En ese caso se podrá contar con una nueva oportunidad para volver a empezar si así se desea. Consideración que hay que poner al otro lado de la balanza, confrontándola con la pésima consideración social que en nuestro país se otorga al empresario.

A veces injustificadamente, por cuanto los derechos de los trabajadores cada vez están más asegurados (FOGASA), para satisfacción del colectivo de abogados laboralistas.

ANEXO: Sentencia A.P. Tenerife, 24 enero 2012 (Inadmisión de concurso de acreedores de persona física).

Gallardón no tiene el ‘culo pelao’

(Imagen de elsitiadodemadrid.blogia.com)

Absolutamente perplejo y profundamente desencantado me quedo tras conocer las reformas con las que el ministro de Justicia, señor Gallardón, pretende acometer la reforma de la justicia.

Aunque con sinceridad, poco más se podía esperar de un fiscal que nunca ha ejercido como tal. Quizá no tenga tan siquiera pasión por la materia.

Utilizando el símil futbolístico y discúlpenme la expresión soez, España necesita para mejorar la justicia, como decía Luis Aragonés, alguien que tenga “el culo pelao,” de sentarse en estrados.

En muchas ocasiones he conocido personas que han contratado los servicios de abogados de renombre y elevadas pretensiones remuneratorias, que a la hora de celebrar el juicio envían en su nombre a un pasante. “Es que don Fulanito es tan bueno que él no va a Sala,”, argumentan sus clientes, quizá buscando ellos mismos una justificación que les permita no quedar como tontos. También se escucha: “Don Menganito sabe tanto que no lleva bien que los jueces que saben menos lo contradigan, y por eso no va,”. Perfecto, pues como nadie se ha esforzado en enseñar a ese juzgador (si es que lo necesita), ya sabe usted lo que le espera.

Esos son los "figuras," que desmerecen nuestra profesión. No me cansaré de decir que los mejores profesionales son los que están en el turno de oficio. Y pueden creerme, no lo están por motivos económicos, ya que en absoluto compensa. La verdadera razón es una mezcolanza de inquietudes personales y esfuerzo por estar actualizado. El turno proporciona agilidad procesal, así como trato directo con compañeros, jueces y fiscales. El abogado de turno de oficio está preparado para dar lo mejor ante cualquier eventualidad o exigencia. Quien no va a Sala, no sabe ni de qué va esto, por mucho boato que de cara al exterior quiera darse. Por eso sufrirá serios reveses, comentados con sorna por el resto del colectivo.

Gallardón salvando las diferencias adolece de lo mismo. Ni siquiera ha conocido el proceso actual. Nuestra ley de enjuiciamiento civil data del año 2000, y supuso una transformación radical, cambiando el modelo hacia la oralidad, cuando antes primaban los trámites escritos.

En ese año el Ministro de Justicia era presidente de la Comunidad de Madrid, habiendo sido antes concejal del Ayuntamiento de dicha villa en el año 1983. Las oposiciones a fiscal las había aprobado un año antes en 1982, por lo que sirvió como tal durante un brevísimo periodo de tiempo en la Audiencia Provincial de Málaga.

La solución que propone para reducir la litigiosidad es introducir el copago a partir de la segunda instancia, lo que según dice, actuará de forma disuasoria respecto al abuso de la figura del recurso.

No le va a ser difícil implantarlo, aunque ustedes a buen seguro van a escuchar voces en los próximos días diciendo que atenta la medida contra el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE.

No es cierto, ya que nuestro Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre el particular repetidamente, aunque por cuestiones de forma y plazo: “Mientras el derecho a la obtención de una resolución judicial razonada y fundada goza de una protección constitucional en el artículo 24.1 CE, el derecho a la revisión de esta resolución es, en principio y dejando a salvo la materia penal, un derecho de configuración legal al que no resulta aplicable el principio pro actione,".

Gallardón no busca reducir la litigiosidad, sino poner una máquina tragaperras en la puerta de cada Audiencia Provincial, del mismo modo que ha hecho la vida imposible a los madrileños con la implantación masiva de radares de tráfico.

Si lo que pretende es constreñir el derecho a recurso en vía civil, que modifique la Ley configurando los recursos en este ámbito como extraordinarios, al igual que en materia laboral, donde todos los abogados laboralistas saben a efectos prácticos que resulta imposible que prospere un recurso de suplicación basado únicamente en el error en la apreciación de la prueba.

De otra parte pretende juzgar en el mismo acto a mayores y menores de edad cuando perpetren conjuntamente un delito. ¿Qué pasa? ¿Ya hemos renunciado a intentar corregir y salvar a nuestros chavales? Porque a quienes nos ocupan asuntos de menores, sabemos que es un ámbito muy especial, en el que todos, jueces, fiscales, asistentes sociales, abogados, padres (…), “empujamos,” a favor del menor. No es un juicio como tal, o al menos yo no lo entiendo así.

¿Vamos a juzgarlos ahora a todos con arreglo a qué convicciones? ¿La de delincuentes comunes o con arreglo a ese especial tratamiento procesal y penal? ¿Esas son todas las duplicidades que hay que evitar?

El señor Ministro no sabe que la justicia está obstruida no ya en la fase decisoria, sino en la propia tramitación y gestión procesal. Había por tanto que incidir en la línea apuntada por Caamaño, a quien le faltaron arresto y tiempo a partes iguales para culminar la reforma más acertada, por lógica, de todos los tiempos.

Y es que la solución de la justicia no tiene que venir por una sublime inspiración. Las respuestas son sumamente sencillas. Las tenemos delante y no las queremos ver. Piénsese en la mejora en materia laboral desde que es posible acumular las acciones de despido y cantidad. Todo abogado laboralista coincidirá en que el número de asuntos se reduzca a la mitad prácticamente (¡!).

Pero esto que parece tan sencillo, es comprensible que resulte totalmente extraño al que no es profesional del ramo.

Sobre el resto de medidas anunciadas no me voy siquiera a pronunciar, de suerte que me parecen totalmente tomadas de cara a la galería.

Madrid, quién te ha visto y quién te vé.

La semana pasada volvía a Madrid. Hace ya nueve años que viví en la capital de España. Cómo pasa el tiempo. Es cierto que después he vuelto en contadas ocasiones, pero han sido visitas más que fugaces. Esta vez me quedé unos días tras celebrar un juicio. Los suficientes para darme cuenta que muchas cosas han cambiado alli, y no precisamente para bien.

Nada más llegar impresiona el volumen de coches abandonados en el aparcamiento del aeropuerto. Propiedad según dicen, de inmigrantes que han retornado a sus países como consecuencia de la grave crisis que atravesamos. Presumiblemente en la guantera de muchos se encuentran las llaves de sus viviendas, igualmente abandonadas toda vez que no han podido hacer frente a las hipotecas.

Llaves que los bancos se resignan a no encontrar, viéndose obligados a publicar mediante edictos y boletines cualquier actuación que tenga lugar en los consecuentes procedimientos de ejecución.

Con anterioridad a todo aquél que ha querido entregar el inmueble en dación en pago, una vez constatada la voluntad real de poner "pies en polvorosa,", se la ha cogido el banco.

Lamento su situación, pero no es menos cierto que los españoles no están teniendo oportunidad tan fácil para desentenderse de sus problemas. Serán perseguidos "sine die," por las entidades bancarias, a modo de pseudo-esclavos. Nunca conseguirán satisfacer por completo su deuda. O mejor dicho, la deuda que los bancos dicen tener a su favor.

No acaban ahí las odiosas comparativas. En Latinoamérica se ha notado un incremento de emigrantes españoles, que no son tales. Se trata fundamentalmente de ‘nacionalizados’ (latinos que residían en España con doble nacionalidad) que han regresado a su país de origen “por falta de trabajo en España,”.

En el caso de Ecuador, cuyos nacionales han sido de los colectivos más numerosos en España en tiempos de bonanza económica, y a quienes se les exigen dos años de residencia legal y continuada para obtener la nacionalidad, la cifra de españoles ha pasado de 2.884 en diciembre de 2008 a 7.236 en el mismo mes de 2011: un 150 por ciento más en plena crisis económica.

También Perú, Bolivia y Brasil están experimentando un fenómeno similar. En el primero, donde vivían 6.903 españoles en el año 2008, la comunidad está ya formada por más de 10.600, un 54% más.

Mientras, los bolivianos han visto aumentar la comunidad de españoles desde 2.647 a 3.876 ciudadanos y, en Brasil, se han registrado casi 20.000 más: suman 87.128 tras un incremento del 25,5 por ciento en cuatro años.

Y es que ser español, sin duda es y será una ventaja a la cual sacar partido. Ello aún cuando algunos no arrimen el hombro de igual a igual con los "naturales,", cuando el país lo necesita. "Huyamos ahora,", medita la población inmigrante, "y hagámoslo hasta donde podamos llegar con el coche cerca del avión, para no tener que andar mucho,".

Si algún día vuelven los susodichos, como son españoles, habrá que pagarles incluso la ayuda de emigrante retornado. ¿Se creen que no? Como abogado laboralista doy fe que no han dejado perder ninguna ayuda ni desaprovechado ningún beneficio antes de irse.

Mientras tanto los madrileños que aún quedan, nuestra gente y la que a ella sí se asimila, se tapan con todas las mantas imaginables para pasar la ola de frío de la mejor manera posible. Eso o pagar 200 o 300 euros de gas natural, factura que viene a incrementar el coste de los suministros.

Ahora bien, cuando se asomen a la ventana podrán deleitarse con la vista del más novedoso polideportivo o parque, aquél que construyó el ayuntamiento de turno sin contar con los recursos necesarios.

Me llevaron a ver creo que se llama "Parque Europa" en Torrejón de Ardoz. Un enorme espacio con réplicas de los principales monumentos europeos. "Una pasada,". Tan grande como la bancarrota de la que adolece dicho consistorio.

Pretendidas grandezas de otra época demasiado próxima en el tiempo aún. Como el soterramiento de la M-30. Qué disparate (¿!). Ciertamente algunos políticos, da igual el signo político, aspiraban a ser recordados por sus obras, cual emperador romano.

De vuelta bajaba en coche camino al hotel por Avenida América. Al ver a la derecha el edificio de la UGT me vino a la mente el escándalo de Fundescan. Y es que nadie renunció en tiempos de opulencia a su propia avaricia (tampoco la Iglesia, y si no vean ahora la situación del Banco Popular).

En ese momento por la radio comentaban unas declaraciones de De Guindos al calor de la pretendida reforma laboral, mostrándose a favor de recortar la indemnización por despido a 10 días. Sería un expolio más que los sindicatos contemplarían desde su comprado inmovilismo. Sólo unas voces aisladas del colectivo de abogados laborales se escuchan en contra.

Tanta carretera, y sin embargo algo falta... ¿Donde están los coches? Lo cierto es que no hay tráfico. No es éste el recuerdo que yo tengo, cuando había que dar un volantazo para insertarte en largas colas, si se te habían "pegado las sabanas,".

Me explicaba quien sabe de esto, que son varios los factores. Por una parte la crisis económica. De otra, el incremento del precio del combustible: ya no es tan barato vivir en una ciudad dormitorio.

Pero hay un tercer motivo, y son los "sablazos," que allí se infieren por exceso de velocidad. Hay radares en todas partes. Fijos, móviles y provisionales de "hasta tres patas," he tenido ocasión de ver.

Evidentemente para una economía "justita,", un "palo," de 300 o 600 euros, quien sabe, puede suponer tremendo cataclismo. 

No se quejen. Hay que pagar la factura de las obras apoteósicas. Aunque pocas ganas, dinero o tiempo les quede para disfrutarlas. Total, no se hicieron con esa finalidad. Sino con la de engrandecer la figura del político y/o llenar su bolsillo. Y no hay mejor esclavo que el que se cree libre.

Ahora entiendo más que nunca por qué Madrid fue excelente caldo de cultivo del movimiento 15-M. La gente tiene que estar más que "quemada,", hablando en vulgar castellano.

Lástima que aquello resultara tan frugal, y que hayamos perdido al tiempo una oportunidad histórica de habernos abstenido en las pasadas elecciones. Sin lugar a dudas, la política es el opio del pueblo.

Sobre la implantación del arbitraje en España

Aparcaba esta semana pasada mi desempeño más cotidiano como abogado laboral y mercantil para cumplir al menos mínimamente, con una inquietud personal.

Considerando que los abogados tenemos una obligación moral y ética de denuncia pública de cuanto nos parezca que no funciona como debiera, acudía a Madrid a plantear a su Audiencia Provincial las serias deficiencias que creo evidencia la implementación del arbitraje en España, como medio de solución extrajudicial de controversias.

El colectivo de abogados mostramos serias resistencias a emprender un procedimiento de este tipo. Sólo lo hacemos cuando una claúsula recogida en contrato nos obliga. Por el contrario nuestra contraparte, usualmente las grandes empresas (bancos, aseguradoras, compañías de telefonía entre otras), se esfuerzan denodadamente para que éste y no otro, sea el medio para solucionar las diferencias habidas con ellas.

Lo incorporan de manera sistemática en sus contratos de adhesión, estipulación que al cliente le resulta imposible excluir. Y una vez nacida la controversia si el abogado del perjudicado acciona en sede judicial, de manera inmediata plantean una “declinatoria,” a favor del arbitraje, pretendiendo que el juez se abstenga de conocer del asunto. Excepciones procesales que lamentablemente suelen prosperar, aunque depende del criterio de las diferentes audiencias provinciales.

No critico la regulación del arbitraje en sí, ni la más que legítima aspiración política de encontrar un sistema más ágil de impartir justicia material. Lo que cuestiono es su implementación.

Casi todas las cámaras de comercio tienen algún desarrollo al uso. Si bien la de Madrid por motivos lógicos acapara la totalidad de la práctica, a efectos reales. Ello es debido a que las grandes empresas suelen tener en la capital de España su centro neurálgico, y es donde gustan de tramitar las cuestiones. Lógimante para perjudicados de provincias lejanas, éste suele ser de inicio un factor disuasorio “ab initio,”.

El arbitraje es un negocio para la cámara de comercio. De él extrae ingresos, más que necesarios cuando cada vez que más se les priva del derecho “per se,” a cobrar contribución a las empresas por la mera actividad.

Y aunque todo negocio es legítimo mientras no se demuestre lo contrario, genéricamente me resulta difícilmente imaginable conjugar una justicia imparcial y de pago.

Las grandes empresas actúan como sus prescriptoras. En definitiva son sus clientes por cuanto les aportan negocio. Interviene en el proceso de “compra,” del servicio al imponerlo. Y resulta obvio decir que todo cliente para repetir en sus hábitos debe quedar satisfecho en sus experiencias anteriores, lo que de por sí ya preocupa.

Iniciado el proceso, la cámara se sirve de una lista de árbitros, normalmente profesionales del derecho con un pomposo currículum. De ella se propone a las partes una terna, a fin que manifiesten sus preferencias para elegir al que conocerá del asunto.

Un particular o empresa se verá inmerso en un arbitraje una vez en su vida. Sin embargo para su contraparte (empresa prescriptora), será significativo el volumen ocupando una vez tras o otra la misma controversia. Es lógico pensar por tanto que mientras al primero le dará igual el nombramiento de uno u otro, el segundo mostrará sus reticencias y no apostará positivamente por el árbitro cuyo conocido parecer no le sea favorable. ¿Queremos decir esto que se corre el riesgo que un árbitro pueda fallar a favor de las prescriptora para volver a ser nombrado? No es a nosotros a quien corresponde dicho análisis, pero sí venimos a decir humildemente que no es lo mismo que un juez imparcial.

Esto debemos de ponerlo en relación con el “habeas data,” que se ha imprimado al arbitraje. Ello significa que los procedimientos y laudos que se dicten son secretos, no pudiendo hacerse publicidad alguna sobre los mismos.

Es evidente que el punto de partida no es el mismo para las partes, ya que la empresa neófita carece de una experiencia personal con los árbitros que sí atesora la prescriptora, consecuencia de sus propias experiencias anteriores.

Lo fácil es criticar este tipo de situaciones en pasillos y mentideros, aunque no es menos cierto que todos los juristas conocemos de laudos que inicialmente no encuentran siquiera amparo en el beneficio de la libre valoración de la prueba que es innato al árbitro.

Personalmente he optado por poner por escrito mis temores, dudas e inquietudes (estas y muchas más), en una prolija demanda que he sometido a consideración de la Audiencia Provincial de Madrid.

Que les resulte sugestiva y sugerente es otro tema, pero yo al menos he cumplido con una obligación ética y moral que creo implícita en la profesión. Más aún cuando nuestro sistema judicial se basa en el principio de justicia rogada, que viene a decir que los litigios se sustancian según las peticiones de las partes; y que los jueces no pueden entrar a conocer sobre lo que no se ha pedido.

Si más compañeros, abogados laboralistas, civilistas, penalistas, administrativistas, …, cumpliéramos con nuestra obligación de denuncia de las cosas que no funcionan, nuestra sociedad mejoraría sin lugar a dudas.

Es cierto que este tipo de actuaciones son riesgosas ya que excitan y avivan pasiones, al suponer una abstracción de lo cotidiano. En cierto modo comprendo a aquéllos magistrados llamados “estrella,”, que en un momento dado necesitan satisfacer adicionalmente otras inquietudes.

Las nueve puertas

Cuando las puertas de un centro penitenciario se cierran tras de uno, todo se ha acabado. Lo pensaba ayer, una vez más, al visitar Tenerife II.

Entiendo que soy más conocido en la profesión por mi desempeño como abogado laboral y mercantil, si bien siempre he gustado de practicar en el área penal, considerando que en otro caso me privaría a mi mismo del ejercicio más genuino.

Seguro que no soy el primero en decirlo, pero no es un tópico ni mucho menos: en este ámbito defendemos el tesoro más intrínseco del ser humano: su libertad. Encontrando de otra parte, a los clientes más agradecidos. Y no me refiero al agradecimiento económico, sino al sentimiento más puro de gratitud.

Cuando un abogado visita a un recluso, éste siempre lo recibe agradecido. Sabe que le lleva noticias. No sabe si son buenas o malas (normalmente a peor no puede ir), pero de por sí resultan ser un acontecimiento nuevo e inquietante.

Leí en el blog de un ex recluso el siguiente párrafo que llamó mi atención: <<El aislamiento erosiona la vida. Hace mella incluso en las piedras. Las personas aisladas, desgastan su pensamiento y para no enloquecer se instalan en el pasado. Con el transcurso del tiempo llegamos a asemejarnos al agua estancada de una ciénaga, la cual de no recibir agua nueva, termina por corromperse y morir>>.

La visita de un abogado es como el lanzamiento de una piedra en ese estanque, la cual viene a alterar la quietud que le es propia.

Ayer, como todas las veces que voy a entrevistarme con un recluso en Tenerife II, atravesé nueve puertas. Las mismas nueve puertas de siempre. Puertas, controles o arcos, que más da, lo cierto es que para abrir una se tiene que cerrar la anterior. Para avanzar necesitas la colaboración de alguien. Tocando el timbre de apertura eléctrica frecuentemente. En definitiva autorizando. Para retroceder también.

Es entonces cuando te das cuenta lo que supone estar privado de la libertad de movimiento. Depender de la decisión de otros. Llega a ser agobiante, todo sea dicho. Y eso que nosotros sólo vamos de visita. Llegamos, charlamos y nos vamos. Nuestro interlocutor se quedará allí. Día tras día. Esperando que le llevemos otra buena nueva cuando lo tengamos a bien.

Son nueve puertas las que yo cruzo para llegar a la sala de entrevistas. El recluso quien sabe cuantas desde su celda hasta el mismo lugar. La suma de las suyas y de las mías, son las que le separan de la libertad. Las que en conjunto la hacen del todo imposible.

Cuando nos meten en la cárcel, no solo se nos esta apartando de nuestros familiares, amigos y seres queridos, sino que también se nos priva del procesado natural de crecimiento y maduración.

Leía también en el blog antedicho algo me de dejó sin palabras: <<AHÍ ABAJO, A ESTE LADO DEL MURO, hay unos hombres que se autolesionan cortando las venas de sus brazos, apuñalándose con bolígrafos u alambres, padeciendo huelgas de hambre y sed, golpeando sus cabezas contra paredes... Y el Sistema, los poderes establecidos, los jueces y Tribunales dicen que lo hacen desde su propia libertad. Que eligen hacerse daño, pero no pueden enfrentarse a la realidad axiomática de que no somos hedonistas por naturaleza, ¡que no buscamos el dolor! Sino el placer>>.

Todos sabemos que la muerte se produce cuando dejamos de experimentar sensaciones. Será la cárcel ser algo muy próximo entonces.

Deberemos ser en consecuencia sumamente prudentes a la hora de señalar con el dedo a quien, a nuestro juicio, debería “ir para adentro,” aunque no se haya probado su culpabilidad.

La presunción de inocencia es un derecho humano fundamental y una garantía procesal básica, reconocida por los tratados internacionales y las legislaciones del mundo entero. Se trata de un principio jurídico penal que establece la inocencia de las personas no como excepción sino como regla, de tal manera que sólo a través de un juicio en el que se demuestre su culpabilidad podrá el Estado aplicarles la pena que les corresponda.

Aunque su aplicación es de ámbito general, si el caso tiene repercusión social, es frecuente que la sociedad realice un juicio paralelo. Y si tiene lugar una resolución en contra del parecer del populacho, quienes se consideran afectados no tardan en declarar su condición a los cuatros vientos, importándoles un bledo la profesionalidad de cuantos actores intervienen en el proceso, y en particular de jueces y magistrados.

Rápidamente aparecerán en Facebook y otras redes sociales los que inviten a compartir cualquier patochada clamando justicia. La justicia que ellos entienden. Y no tienen ni pajolera ni idea.

Antes de cometer esas estupideces, preguntémonos cómo sobreviviríamos nosotros mismos en prisión sabiendo que somos inocentes. Cómo aguantaríamos el día a día. Cada cierre de celda. Cada paseo en el patio. ¿Serían suficientes el gimnasio y la piscina para mantener nuestra mente entretenida? ¿Seríamos capaces de disfrutar de nuestro primer vis a vis en la suite carcelaria?

Para no tener que enfrentarnos a estas cuestiones y muchas más, es por lo que hemos apostado por la presunción de inocencia como principio inspirador del Sistema. Y ciertamente, ante la duda, más vale un culpable en la calle que un inocente dentro. Créanme que sí.

Rajoy y la enésima reforma laboral

Con prórroga o sin ella, presumible el nuevo fracaso del diálogo social respecto a la aparentemente necesaria nueva reforma laboral, los abogados laboralistas volvemos a temblar.

Las reformas laborales son una respuesta habitual en España a las crisis económicas. Una y otra vez se insiste con una medida, aparentemente infalible para crear empleo, que ya ha fracasado en otras ocasiones. Todo ello, a pesar de que la repetición de tales crisis y el inhabitual incremento del paro que provocan - mucho mayor que en otros Estados miembros de la UE que sufren caídas del PIB similares o mayores a las de España- indican que lo que existe es un problema estructural de la economía.

Y así ocurrirá por enésima vez: la reforma laboral impuesta por la vía expeditiva del Decreto-Ley no contribuirá a crear empleos, ni reducirá la dualidad en el mercado de trabajo, ni pondrá freno a la elevadísima temporalidad del mercado de trabajo. Únicamente abarata y facilita el despido, en detrimento del consumo.

La grave crisis que afecta a España ha puesto en evidencia la necesidad de un cambio en el modelo productivo. Necesitamos una economía competitiva con una base industrial y tecnológica mucho más fuerte y ello sólo se consigue mejorando el sistema educativo, la formación profesional, la inversión en I+D+i, la infraestructura de comunicación y transportes, las TIC, etc. Todos los países europeos, a los que le va mucho mejor que a nosotros en esta emergencia, destacan en estos aspectos. ¿Quién puede creer que con un despido más barato vamos a tener una economía más avanzada tecnológicamente? Los abogados laborales tenemos claro que no.

    Dicen los estudiosos que en Alemania cuando se cierra una empresa se desconectan diez máquinas y se despide a una persona. En España, se desconecta una máquina y se despide a diez personas. Somos un país intensivo en mano de obra.

    Ello tiene sus raíces en nuestra naturaleza como ofertante de Servicios. Si bien hoy por hoy, dicho modelo debe ser complementado.

El mundo entero se ha visto abatido por fuertes desequilibrios financieros en los últimos años, y las previsiones, por lo menos para España, no vaticinan una recuperación cercana y segura. Entre otras cosas, se ha reducido la tasa de creación de empleo, el paro ha aumentado extraordinariamente, la participación de los asalariados en la renta nacional se ha visto mermada, los servicios son cada vez más costosos y, por si fuera poco, la población está estancada como consecuencia de una esperanza de vida cada vez más alta (con el correlativo aumento de las personas dependientes) y una bajada del índice de natalidad. Factores, todos ellos, que unidos a una crisis financiera global nos sitúan en un entorno poco alentador. De ahí que los gobiernos vean la necesidad de tomar cartas en el asunto y de adoptar medidas que, aun no siendo socialmente bien recibidas, esperan que puedan fomentar una mejora y traer consigo algo de esperanza para la sostenibilidad de nuestro sistema público.

    Sin embargo yerran con la “medicina,”. De nada servirá una nueva reforma laboral impuesta por “decretazo,”. El Ejecutivo debe centrar sus esfuerzos en la reforma financiera, en la apertura del grifo crediticio.

    Los empresarios invierten cuando consideran que de su negocio pueden obtener réditos suficientes para devolver el capital prestado, pagar gastos y que les quede algún beneficio. En modo alguno piensan a la hora de contratar en el coste del despido. Se contrata porque hace falta personal. Si no existe esta necesidad, no se contrata.

    De otra parte, los salarios están bajando. Eso es una realidad. Y el descuelgue de las PYMES respecto a los convenios a la hora de negociar las subidas anuales, parece ser una aspiración irrenunciable.

    Es de “perogrullo,” darse cuenta que no pueden bajarse los salarios reales y al tiempo disminuir la seguridad del trabajador en el puesto de trabajo, rebajando la indemnización que le correspondería en caso de despido.

    La mezcla de ambas acciones depara una caída drástica del consumo interno, factor que hoy por hoy nos atenaza.

    Evidentemente, si se gana menos y encima al quedarse en la calle el trabajador percibe una indemnización menor con la que hacer frente a sus gastos mientras encuentra un nuevo empleo, evidentemente no gasta.

    Mi percepción personal sobre Rajoy es la de un líder con una gran aversión al riesgo. Por este motivo no creo que se aventure en reformas que conlleven un elevado coste social o detonen huelgas generales.

    De otra parte, una cosa es que los sindicatos no puedan claudicar públicamente ante una rebaja del despido, y otra bien distinta que una vez acordado no descarguen su furia con tal medida.

    Quiero decir con esto que o mucho me equivoco, o la simplificación de contratos anunciada por los populares no desembocará en otra cosa que un contrato único con 33 días de indemnización improcedente, tal y como en su dí aprobó Aznar para el fomento de la contratación indefinida. Medida frente a la cual los sindicatos en aquel momento no se rebelaron, de suerte que no será ahora cuando lo hagan, con un escenario mucho más complejo.

    Me llamó la atención una afirmación de Anasagásti (PNV), que siendo entrevistado por Évola manifestaba: <<Rajoy no es Aznar. No es tan trabajador como Aznar>>.

    Si no lo es, para compensar deberá delegar mucho en su Consejo de Ministros. Y lo cierto es que al menos de inicio, parece que así será. El problema de parcelar el Gobierno es no saber priorizar. Y hoy por hoy, lo único que puede sacarnos de la crisis es que el crédito vuelva a correr, por lo que la prioridad número uno debe ser la reforma financiera. El resto es secundario y si me lo permiten desde mi perspectiva de abogado laboralista, superfluo e ineficaz.

¿Hay que endurecer las penas para casos como el de Marta del Castillo?

El viernes pasado se hacía pública la sentencia Marta del Castillo. Pronunciamiento sobre el cual hace escasos minutos Radio Castilla-La Mancha, me pedía una valoración personal, preguntándome en particular sobre si soy partidario de endurecer las penas para ese tipo de delitos.

Mi humilde respuesta ha sido meridianamente clara: creo que no. Considero demasiado imprecisa la pregunta, al tiempo que se me hace difícil imaginar que ese tipo de crueldades puedan llegar a ocupar nuestro día a día.

Evidentemente cuando ocurren tornan en desconcierto a nuestro ordenamiento y por ende a nuestra sociedad, la que a sí misma se da las leyes. Pero siempre será así. Si un individuo tiene tal grado de deshumanización y tan alterada su capacidad de discernir la gravedad de sus actuaciones, nunca tendremos respuesta suficiente.

Hay que acompañar a la familia en su dolor, claro que sí. Pero no plegar ante presiones mediáticas buscando a ciegas un resarcimiento que nunca van a encontrar.

Nuestro ordenamiento penal se basa en la resocialización del reo y en fundamentos humanitarios. Los más rigurosos calificarán a la población penal como desechos sociales, pero en cualquier caso no dejan de ser nuestros desechos, y tenemos una responsabilidad para con ellos.

El énfasis hay que ponerlo en la prevención y en la educación, aunque suene a tópico. Rara vez un delincuente de este calibre es un delincuente primario. Y si lo es, la capacidad de impedir el injusto es del todo imposible.

Ahora bien, en la mayoría de los casos existen indicadores previos, más aún cuando hablamos de menores o de adultos en edades cercanas a la mayoría de edad. Son individuos con frecuentes “flirteos,” con lo ilegal, que desde temprana edad pierden el horizonte que divide lo correcto de lo incorrecto. A mí me ocupan frecuentemente asuntos de menores, y puedo decir que en no pocos casos soy consciente que al chico/a le espera un reseñable porvenir delictivo. Puedo diferenciar perfectamente entre quien ha cometido un error fruto de la inmadurez y quien supone hablar de "palabras mayores,".

Es entonces cuando debemos actuar, y ciertamente el sistema de responsabilidad penal de los menores no es el más adecuado. Trata de igual forma delitos graves y menos graves, dejando gran libertad al juzgador en aplicación de la pena (aunque ninguna verdaderamente efectiva entre las que puede elegir). Los juicios personalmente no los entiendo como tales, ya que en ellos todos, abogado, fiscal, asistente social y juez “empujamos,” en favor del menor, en pro de su reeducación y socialización.

Adicionalmente le comentaba a mi entrevistador, que me indignó enormemente ver en televisión cómo mis compañeros de profesión, los letrados de los imputados del caso Marta del Castillo, eran increpados al llegar a la Corte.

Los abogados hacemos nuestro trabajo. Formamos parte de un sistema integrado por otros actores (fiscal, acusaciones y jueces), del cual se supone debe salir a modo de sentencia la solución más justa, o menos injusta, como se quiera ver.

Será así hasta que se invente una supercomputadora que adivine los hechos y automáticamente dicte sentencias (recuerdo como la futurista película “Minority Report,” me erizaba).

La misma presión mediática se ejerce ahora para demandar una modificación legislativa basada en el rencor. En busca de una respuesta que la sociedad no tiene para dar a modo de pena punitiva. El delito al que hemos asistido es demasiado inhumano; nos sobrepasa.

Si ha habido imputados absueltos no es sino porque no ha sido posible encontrar pruebas que los incriminen. Ni siquiera presunciones. Lo cual era complicado, tratándose de un juicio tan mediático, donde cualquier matiz era enfatizado por todos los medios de comunicación.

La Audiencia Provincial de Sevilla no ha dejado de observar el principio de “presunción de inocencia,”, por ser éste el máximo inspirador de nuestro sistema penal, el que la propia sociedad ha querido darse.

No soy capaz de imaginar otro sistema punitivo, en el que la policía para investigar un delito pueda torturar a los detenidos. Donde los abogados defensores no tengamos cabida. Donde se condene sin pruebas a un imputado al sólo efecto de conceder a los familiares de las víctimas una pretendida satisfacción. Eso no sería bueno para nadie, créanme.

Es bueno que determinados delitos como el de Marta del Castillo nos sobrepasen, nos escandalicen. Es muestra que nuestra sociedad avanza en sus valores. No permitamos que el árbol nos impida ver el bosque. Congratulémonos por tener una superioridad moral y ética respecto a ese tipo de delincuente inhumano. Por no ser iguales a él, hablando claro.

Y por supuesto, respetemos las sentencias; creamos en nuestro sistema, que a riesgo de ser repetitivo, de él nos hemos dotado. Está fuera de lugar por ejemplo, que la consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, considere "lógico," que la sentencia del caso Marta del Castillo haya generado "contestación," social, pues se trata de un asunto "que ha causado mucho dolor al conjunto de la sociedad andaluza y a su familia en concreto,".

“Moreno ha querido trasladar toda su solidaridad a la familia de la joven,”. ¿Y los magistrados de la Audiencia Provincial no? ¿O los abogados defensores?, algunos de los cuales lo eran por Turno de Oficio, todo sea dicho, y por unos escasos 300 euros tienen no sólo que asumir un trabajo desproporcionado, también que les increpen continuamente. Es obligado hacer saber que ese abogado no tiene capacidad para renunciar al caso. Y los particulares si tienen entereza para hacerlo, deben ser respetados en su ejercicio profesional.

“Quien la Justicia reparte, no puede ser juez y parte,”.

Antes se pilla a un mentiroso que a un cojo

Como abogado laboralista, testigo de excepción de la crisis que nos aprisiona, considero que los españoles tuvimos una excelente oportunidad en las pasadas elecciones de dejarnos abrazar por la abstención y no lo hicimos, cuando la clase política actual no merecía otra cosa. Poco tiempo después, podemos comprobar cómo nos siguen tomando el pelo como les place.

El Partido Popular proclamaba a bombo y platillo que el ejecutivo anterior había falseado los datos de déficit, de manera que en lugar de un 6% del PIB es de un 8%.

No quedaba otro remedio que apartarse de las promesas electorales (que mira que fueron pocas por los populares), subiendo los impuestos.

Días después la Comunidad Valenciana hacía lo propio con sus competencias, sumida en una auténtica bancarrota. ¿No es esta comunidad gobernada por ellos? ¿No son aquéllos que no entendían suficientes los aeropuertos de Alicante y Valencia y promovieron el de Castellón? ¿Son los que dilapidan año tras año una fortuna en un fin de semana de Formula 1?

Recién tomó el PP el poder en Castilla La Mancha exhibieron en todas sus capitales de provincia los coches oficiales del anterior presidente, teóricamente en obligada exhibición previa a subasta, y en la práctica como escarnio.

Ciertamente, la deuda de dicha Comunidad ya superaba con creces el rescate de Portugal (¿!). ¿No era entonces previsible que el déficit fuera mucho mayor?

¿En qué comunidades no gobierna el Partido Popular? Andalucía, País Vasco, Cataluña y Asturias. En el 2010 el desequilibrio fiscal de las regiones españolas en los nueve primeros meses del año fue de 12.873 millones . ¿Es posible que la falsificación sea de tal calibre que sólo cuatro de ellas aporten 20.000 millones adicionales?

¿Había realmente un plan previo para desarrollar una vez se ganasen las elecciones generales? Todo indica que no, cuando Rajoy decidió quienes iban a ser sus ministros a dos días vista. Soria bromeaba con que a él se lo comunicaron cuando estaba en el gimnasio (por supuesto con el teléfono en la cinta de correr, por lo que pudiera pasar).

Pero lo que es peor aún, un profesor esperaba un déficit del 8%, de Montoro, el Catedrático de Economía Roberto Centeno aseguraba que en septiembre éste ya por cuanto así se lo manifestó. A más a más, otro profesor de economía afín al partido, don Juan Velarde Fuertes en un foro de la fundación FAES celebrado en septiembre ya había dado el dato del 8%.

Visto lo visto, no cabe sino pensar que una vez más nos han birlado el voto de mala manera. Nuestra clase política debe tener una supuesta superioridad ética y moral que le permita proferir maquiavélicas pero piadosas mentiras.

Mientras tanto los abogados laborales siguen esperando la anunciada reforma laboral que venga a solucionar todos los males. Miedo me da que fracase nuevamente el diálogo social.