El cambio social sólo es posible con el cambio de las leyes

Rafael Linares Membrilla, abogado en Tenerife, tiene la humilde aspiración a través de este blog de crear un espacio sugestivo donde el fomento y la dignificación de la emprendeduría y del trabajo autónomo tengan un papel relevante. Al igual que la mejora de la Justicia y de todos los factores que se traducen en competitividad. No olvides dejar tus comentarios.

jueves, 24 de mayo de 2012

Corrupción, clientelismo y amiguismo


En el anterior post abordaba el enfrentamiento que mantienen funcionarios y políticos, calificándose recíprocamente como un mal subyacente a la pésima situación económica y que en consecuencia debe ser corregido (ver La utilidad de los funcionarios públicos)

Confrontación en la que los primeros responden reactivamente a los segundos, toda vez que les rebajan su sueldo y/o merman sus derechos adquiridos.

Expuesto mi parecer sobre el funcionariado, con el que interactúo a diario en mi condición de abogado, toca ahora valorar de adverso al poder político, enfrascado en lograr su propia justificación y subsistencia, más que en procurar la salida de nuestro país de la crisis.

Georgios Papandreu, primer ministro de Grecia, al hablar de los males que aquejaban a la economía y a la sociedad griega hacía referencia a las 3 C's = "Corruption, Clientelism and Cronyism,", es decir: Corrupción, Clientelismo y Amiguismo. Son los mismos males endémicos a que nos enfrentamos en España, de manera no menos grave.

Cuando se tiene un problema el primer paso para superarlo es reconocerlo. En ese sentido Papandreu fue valiente. Si bien a su pueblo no le había resultada ajena tal circunstancia hasta el momento, y el resultado fue un auge inesperado de las posturas políticas más extremas en las pasadas elecciones.

En esta línea nuestros funcionarios se quejan ante la rebaja de salarios poniendo de manifiesto las faraónicas obras abordadas tiempo atrás por nuestros dirigentes, considerándolas causa directa y casi única de nuestra precaria situación actual.

Llevan buena parte de razón, si bien me pregunto, aunque no me sorprende, por qué dicha denuncia no tiene lugar sino hasta que a uno le tocan el bosillo.

En los días pasados intervenía un oyente de Madrid en la radio y se preguntaba cómo era posible acometer una obra como el soterramiento de la M-30 sin contar con los recursos para ello. “Yo para reformar mi casa espero a tener dinero, y si no lo tengo lo que no hago es pedírselo a los vecinos”, decía.

Manifestación tan clara y contundente no es compartida sin embargo por los políticos. Ellos viven su propia realidad al margen de la ciudadanía.

Recordemos la manifestación de la ex-ministra Carmen Calvo (ministra de Cultura con el PSOE), quien dijo la famosa frase: "Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie," (29 Mayo 2004). Es decir, el dinero público es "regalado," y podemos hacer cualquier cosa con él sin dar explicaciones, es lo que vino a decir esta señora.

Como abogado laboral conocedor del empresariado español y salvo honrosas excepciones, considero que adolecemos de la “cultura del pelotazo,”. Supongo que será nuestra particular adaptación del “sueño americano,”. En realidad ambos persiguen lo mismo, el progreso personal rápido, si bien parten evidentemente de diferentes necesidades de esfuerzo.

Los aeropuertos en capitales de provincia menores, el AVE, las autopistas de peaje, los macroestadios deportivos… todas ellas son obras faraónicas que posibilitan jugosos beneficios personales para nuestros políticos y sus adláteres.

Se trata de un saqueo constante y premeditado que no cesa. Dichas obras aún encontrándose paralizadas continúan generando pérdidas “sine die,”. Y para contrarrestarlas se adoptan recortes sociales. Como gustan de decir los populares, “hay que meter la tijera,”.

Y cuando desde fuera se nos dice que no son suficientes dada la magnitud de nuestro problema, tornamos airados y los culpamos a ellos, a Alemania, al BCE, a los mercados… “Nosotros hemos hecho cuanto debíamos hacer,”, replicamos enojados.

Demasiado corteses se muestran los alemanes escondiendo, quizá porque les interesa, su natural escepticismo. En aquel país actuaciones de este tipo por parte de sus gestores políticos conllevarían duras penas de cárcel e inhabilitaciones de por vida.

Deben de alucinar pensando que en el 2020 tendremos 60 aeropuertos y ellos “tan sólo,” 38, cuando nos triplican en población. Que tenemos 3.744 kilómetros de AVE (construidos o proyectados), mientras ellos tienen 1.410. Pero sobre todo, y ahí viene el verdadero “milagro español,”, cuando el salario medio anual en Alemania es de 40.914€ por tan sólo 21.500€ en España (con el doble de población los primeros).

Creo que nuestros políticos se aprovechan de lo complicado que es pensar en grandes cifras, “en miles de miles,”, o “miles de millones,”. Si la sociedad operase mentalmente con mayor facilidad, hace tiempo que los habría sacado del cargo “a sombrerazos,”.

Un dato más. España tiene 450.000 políticos, por 100.000 de Alemania con el doble de población. Se nos dice que son necesarios, dado nuestra particular organización político-territorial basada en las autonomías.

Nos engañan una vez más. Para prestar servicios con proximidad al ciudadano, si eso es lo que se predica y sin entrar a valorar si es cierto o no, lo que se necesitan son funcionarios, no políticos.

Si pudiéramos suprimir pongamos la diferencia con Alemania (y aún así seguiríamos por delante), hablaríamos de 350.000 políticos menos. Si cada uno tuviera un coste medio (salario más seguridad social) de 30.000€, estaríamos hablando que España se ahorraría 10.500 millones de euros AL AÑO.

Si el Déficit del Estado es de 50.000 millones, sólo con la medida antedicha en menos de cinco años se habría eliminado. Sin hacer nada más.

Por supuesto si la acompañásemos de otras decisiones políticas acertadas desde el punto de vista económico, ese plazo se reduciría a un par de años quizás. Y eso es, mañana.

Personalmente creo en esta tesitura que no sería del todo malo que nos interviniesen. Nos dirían entonces cuan equivocados estamos con nuestros políticos y nos harían ver que la solución no es tan complicada como creemos.

miércoles, 23 de mayo de 2012

La utilidad de los funcionarios públicos


Vivimos tiempos convulsos. Unos colectivos señalan a otros bien como culpables de esta crisis bien a título de chivos expiatorios.

Los políticos apuntan a los funcionarios como colectivo particularmente favorecido, predicando que deben ser ellos quienes hagan un mayor esfuerzo para salir de esta crisis. “Los que más deben apretarse el cinturón,”, hablando en cristiano.

Lo hacen por primera vez en la historia, ya que siempre les ha preocupado más su significación como votantes, dado su elevado número. No en vano tenemos el ratio más alto de Europa, con un funcionario o trabajador al servicio de la Administración por cada cuatro ciudadanos, según se dice.

Pero esta vez recurrir a su “demonización,” era obligado, persiguiendo con ello la propia subsistencia y autojustificación del político.

El número de parados es ingente, y sin duda aplaudirán toda decisión populista que agreda al funcionariado. A quienes que no sólo tienen la suerte de tener un trabajo, sino de tenerlo asegurado de por vida.

Es obligado decir que el ataque se antojaba sencillo, debido a que los funcionarios no se integran mayoritariamente en los sindicatos más populares, como UGT o CC.OO. Tienen sus propias organizaciones y/o andan despreocupados por la especial protección que les otorga su status particular.

En esta línea y como era de esperar, los sindicatos mayoritarios no se han mostrado especialmente convulsos ante la merma de derechos de los funcionarios. Sus dirigentes posiblemente piensen al igual que el poder político, temiendo ser penalizados por su verdadera militancia de base, azotada por el desempleo y más preocupada por la reforma laboral recientemente operada. Tienen su propia guerra en definitiva.

En consecuencia a los empleados de lo público no les ha quedado por tanto otro remedio que defenderse por sí mismos. Y la única manera posible era tratándose de reconciliar con la ciudadanía, proponiéndole al efecto aquello que más une, un enemigo común: la clase política.

Ciertamente son tiempos en los que ocupan enfrentamientos inauditos. Funcionarios versus políticos tratando de justificar el trabajo propio con el demérito del otro. Cuándo antes se había visto perderse el respeto mutuo mostrado a lo largo del tiempo.

Como abogado laboralista, ayer acudía al juzgado a celebrar un juicio, y me encontré justo en la puerta de la Sala de Vistas dos carteles que rezaban: “Estoy indignado, porque siendo funcionario de justicia (en Canarias los peores pagados de España), me quieren robar por trabajar”, y, “¿Cuánto cobran los políticos. Cuánto cobra el Consejero de Justicia y el Ministro de Justicia?”.

Inicialmente sin entrar a valorar la reivindicación, no me agradaron por cuanto esa puerta la cruzan mayoritariamente trabajadores que han perdido su empleo en el sector privado, a quienes se les adeuda incluso su trabajo, frecuentemente.

Le tiré una foto a los carteles y las colgué en el facebook con la reflexión expuesta en el párrafo anterior.

Celebrada la vista entré a los juzgados propiamente dichos a realizar otras gestiones. Ví que todos los funcionarios tenían los mismos carteles expuestos en la parte posterior de sus pantallas de ordenador o sobre su propia mesa.

Me preguntaba qué sucedería si los trabajadores de una empresa privada hicieran lo mismo, expresándole a los clientes su malestar por las últimas medidas acordadas por la Dirección… Evidentemente manifestación tan explícita de la libertad de expresión sólo puede permitírsela el funcionariado, lo que refrenda su ventajosa posición. Al menos eso fue lo que pensé en ese momento.

No obstante seguí pensando en ello a lo largo del día, y me di cuenta que yo mismo estaba cayendo en la trampa sugerida por el poder político.

Estamos tratando un tema “tabú,”, qué duda cabe. Y entre las muchas opiniones existentes, hay quien piensa que el error ha sido prostituir la condición de funcionario, cuando habría que reservarla a los puestos directivos.

He de decir que hace un tiempo compartía dicha postura. Si bien con los años y el trato diario como abogado con funcionarios me ha hecho cambiar en mis convicciones. Ellos son necesarios al menos por las siguientes razones:

1º.- Si todo el personal al servicio de la Administración fuera contratado, se cambiaría de manera ingente conforme cambiase el partido político en el poder. Es lo que sucede en Latinoamérica. Y eso fomenta la corrupción a todos los niveles. Hasta el último administrativo estará pensando en cómo promover alguna corruptela para procurarse un “colchón,”, cuando vaya a la calle (que irá). Mala práctica que puede consistir sencillamente en dar prioridad a un papel respecto del otro a cambio de unas monedas.

2º.- En segundo lugar, el funcionariado representa lo que en Economía se llama “factor amortiguador,”. En tiempo de crisis siguen consumiendo, aguantando con ello la demanda interna. Y en fase de expansión no se benefician de incrementos salariales acordes con la evolución de los beneficios empresariales del sector privado, quedando ligado su sueldo al simple incremento inflacionista.

Al menos por esta segunda razón, que no es ideológica sino real, inmersos en la crisis actual no es recomendable incidir sobre este grupo económico. Consejo que han desoído tanto el anterior como el actual gobierno.

Ahora bien, que los funcionarios sean necesarios no quiere decir que no podamos desarrollar políticas de recursos humanos que eliminen su impunidad ante un mal desempeño. O el diseño de políticas retributivas de acuerdo a parámetros de productividad. Estos sí son los parámetros sobre los que podemos y debemos incidir incluso en este momento. Es menos desmotivador que la rebaja continua de salarios y derechos.