La utilidad de los funcionarios públicos

Vivimos tiempos convulsos. Unos colectivos señalan a otros bien como culpables de esta crisis bien a título de chivos expiatorios.

Los políticos apuntan a los funcionarios como colectivo particularmente favorecido, predicando que deben ser ellos quienes hagan un mayor esfuerzo para salir de esta crisis. “Los que más deben apretarse el cinturón,”, hablando en cristiano.

Lo hacen por primera vez en la historia, ya que siempre les ha preocupado más su significación como votantes, dado su elevado número. No en vano tenemos el ratio más alto de Europa, con un funcionario o trabajador al servicio de la Administración por cada cuatro ciudadanos, según se dice.

Pero esta vez recurrir a su “demonización,” era obligado, persiguiendo con ello la propia subsistencia y autojustificación del político.

El número de parados es ingente, y sin duda aplaudirán toda decisión populista que agreda al funcionariado. A quienes que no sólo tienen la suerte de tener un trabajo, sino de tenerlo asegurado de por vida.

Es obligado decir que el ataque se antojaba sencillo, debido a que los funcionarios no se integran mayoritariamente en los sindicatos más populares, como UGT o CC.OO. Tienen sus propias organizaciones y/o andan despreocupados por la especial protección que les otorga su status particular.

En esta línea y como era de esperar, los sindicatos mayoritarios no se han mostrado especialmente convulsos ante la merma de derechos de los funcionarios. Sus dirigentes posiblemente piensen al igual que el poder político, temiendo ser penalizados por su verdadera militancia de base, azotada por el desempleo y más preocupada por la reforma laboral recientemente operada. Tienen su propia guerra en definitiva.

En consecuencia a los empleados de lo público no les ha quedado por tanto otro remedio que defenderse por sí mismos. Y la única manera posible era tratándose de reconciliar con la ciudadanía, proponiéndole al efecto aquello que más une, un enemigo común: la clase política.

Ciertamente son tiempos en los que ocupan enfrentamientos inauditos. Funcionarios versus políticos tratando de justificar el trabajo propio con el demérito del otro. Cuándo antes se había visto perderse el respeto mutuo mostrado a lo largo del tiempo.

Como abogado laboralista, ayer acudía al juzgado a celebrar un juicio, y me encontré justo en la puerta de la Sala de Vistas dos carteles que rezaban: “Estoy indignado, porque siendo funcionario de justicia (en Canarias los peores pagados de España), me quieren robar por trabajar”, y, “¿Cuánto cobran los políticos. Cuánto cobra el Consejero de Justicia y el Ministro de Justicia?”.

Inicialmente sin entrar a valorar la reivindicación, no me agradaron por cuanto esa puerta la cruzan mayoritariamente trabajadores que han perdido su empleo en el sector privado, a quienes se les adeuda incluso su trabajo, frecuentemente.

Le tiré una foto a los carteles y las colgué en el facebook con la reflexión expuesta en el párrafo anterior.

Celebrada la vista entré a los juzgados propiamente dichos a realizar otras gestiones. Ví que todos los funcionarios tenían los mismos carteles expuestos en la parte posterior de sus pantallas de ordenador o sobre su propia mesa.

Me preguntaba qué sucedería si los trabajadores de una empresa privada hicieran lo mismo, expresándole a los clientes su malestar por las últimas medidas acordadas por la Dirección… Evidentemente manifestación tan explícita de la libertad de expresión sólo puede permitírsela el funcionariado, lo que refrenda su ventajosa posición. Al menos eso fue lo que pensé en ese momento.

No obstante seguí pensando en ello a lo largo del día, y me di cuenta que yo mismo estaba cayendo en la trampa sugerida por el poder político.

Estamos tratando un tema “tabú,”, qué duda cabe. Y entre las muchas opiniones existentes, hay quien piensa que el error ha sido prostituir la condición de funcionario, cuando habría que reservarla a los puestos directivos.

He de decir que hace un tiempo compartía dicha postura. Si bien con los años y el trato diario como abogado con funcionarios me ha hecho cambiar en mis convicciones. Ellos son necesarios al menos por las siguientes razones:

1º.- Si todo el personal al servicio de la Administración fuera contratado, se cambiaría de manera ingente conforme cambiase el partido político en el poder. Es lo que sucede en Latinoamérica. Y eso fomenta la corrupción a todos los niveles. Hasta el último administrativo estará pensando en cómo promover alguna corruptela para procurarse un “colchón,”, cuando vaya a la calle (que irá). Mala práctica que puede consistir sencillamente en dar prioridad a un papel respecto del otro a cambio de unas monedas.

2º.- En segundo lugar, el funcionariado representa lo que en Economía se llama “factor amortiguador,”. En tiempo de crisis siguen consumiendo, aguantando con ello la demanda interna. Y en fase de expansión no se benefician de incrementos salariales acordes con la evolución de los beneficios empresariales del sector privado, quedando ligado su sueldo al simple incremento inflacionista.

Al menos por esta segunda razón, que no es ideológica sino real, inmersos en la crisis actual no es recomendable incidir sobre este grupo económico. Consejo que han desoído tanto el anterior como el actual gobierno.

Ahora bien, que los funcionarios sean necesarios no quiere decir que no podamos desarrollar políticas de recursos humanos que eliminen su impunidad ante un mal desempeño. O el diseño de políticas retributivas de acuerdo a parámetros de productividad. Estos sí son los parámetros sobre los que podemos y debemos incidir incluso en este momento. Es menos desmotivador que la rebaja continua de salarios y derechos.